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ACUERDO SOBRE LA REFORMA QUE PRETENDE CREAR UNA NUEVA SALA EN LA J.E.P. PARA EL JUZGAMIENTO DE LOS MILITARES

La reunión liderada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, tema que logró sentar en la misma mesa al senador Gustavo Petro Urrego, a los representantes de las Farc, al Gobierno Nacional, a los partidos de la coalición y también los de oposición. La razón de este inédito encuentro, entre otras, núcleo del acuerdo de paz, la Jurisdicción Especial para la Paz, motivado por la reforma que el uribismo presentó en el Congreso para crear salas especiales en la JEP que se ocuparan de la investigación y juzgamiento a los miembros de las fuerzas militares y la fuerza pública: “Por primera vez los máximos dirigentes del Centro Democrático aceptan sentarse a conversar sobre la Jurisdicción Especial de Paz, lo cual tiene implícito un reconocimiento de la existencia de esta jurisdicción”. Surgió la alternativa, de reforzar con nuevos magistrados, que no sean escogidos por extranjeros, y que sean expertos en Derecho Internacional Humanitario y en los protocolos de las Fuerzas Armadas para que los militares no sean juzgados por magistrados con sesgos ideológicos, como se han quejado los miembros del Centro Democrático, con el apoyo del gobierno insisten en la necesidad de que haya un juzgamiento diferencial y más imparcial para los integrantes de la fuerza pública en la jurisdicción especial de paz, de esta manera el Dr. Uribe planteó durante el debate en la Comisión Primera del Senado, que la aprobación de este proyecto es… “un punto de honor para que él y su bancada reconozcan la legitimidad de la JEP”. Es entonces que, congresistas del Centro Democrático radicaron una reforma constitucional que impide que la JEP, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Comisión de la Verdad pidan información reservada, de seguridad nacional o personal, relacionada con el conflicto, no haciendo posible que los congresistas lleguen a un acuerdo para tramitar esta iniciativa, que fue una de las banderas de campaña del Presidente electo y de quienes lideraron el NO en el plebiscito.

2b camara de representantes

Igualmente, la ONU crítico la sala especial para militares en la JEP, toda vez que, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional expuso ante la JEP y Corte Constitucional, que frente al juzgamiento especial para miembros de la Fuerza Pública aprobado por el Congreso en junio pasado y respecto a la sala especial para militares que está siendo discutida en el Congreso, propuesta a punto de resolverse, proyecto que hasta el momento no ha logrado tener las mayorías para ser aprobado. De hecho, actualmente las cargas se encuentran 11 votos contra 9, para descartarlo de manera definitiva. Sin embargo, aún no se consigue el consenso necesario, por lo que algunos actores han planteado la posibilidad de que se mejoraría el tratamiento de los miembros de la Fuerza Pública en la Jurisdicción Especial de Paz, al retirar el acto legislativo y presentar una ley estatutaria.

Es así que, en su paso por Colombia, el Fiscal adjunto de la C.P.I., James Kirkpatrick Stewart, se reunió con el presidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, y con la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, Patricia Linares, además del presidente Iván Duque; ha sostenido que a la Jurisdicción Especial para la Paz se la debe dejar trabajar para que haya una paz con justicia y rendición de cuentas. En todos estos escenarios, considera negativa la creación de un procedimiento especial para las Fuerzas Militares, separado del marco que se había creado para la Jurisdicción Especial para la Paz. Reparo en que ese procedimiento especial que tendrían los militares, podría implicar retrasos en la rendición de cuentas de los responsables de hechos criminales, restricciones en las investigaciones, y podría poner en duda la autenticidad de los procedimientos, en principio planteó que podría retrasar la acción de la justicia en casos que son urgentes, pues en la ley de procedimiento de la JEP, el legislativo creó el proceso diferenciado para los militares y permitió que se suspendan las investigaciones en su contra por 18 meses. Además de la suspensión de investigaciones y los beneficios, al fiscal de la CPI le preocupa la sala especial que está tramitando el Congreso porque esa propuesta implica crear un sistema paralelo a la JEP, con una sala especial para las Fuerzas Militares que tendría un proceso de selección diferente de magistrados, y que actuaría como órgano de última instancia. Eso le permitiría a esa sala de militares invalidar decisiones de otros órganos de la JEP. De igual forma, el poderse develar cuál fue el plan macro-criminal al que respondían, por ejemplo, en casos de 'falsos positivos'. A su vez, la mayoría de los congresistas de la comisión primera del senado considera que es una iniciativa inconstitucional y que pondría a los militares a las puertas de la Corte Penal Internacional, por lo que algunos de sus miembros proponen que en vez de crear una nueva sala, se piense en la posibilidad de ampliar el número de magistrados de esa jurisdicción, nombrados de tal manera que no tengan sesgo político y sean totalmente independientes. Esas restricciones a la investigación también han sido criticadas por la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas ante la Corte Constitucional, quien ha dicho que las restricciones en investigación para encontrar a qué planes respondían los militares podrían implicar impunidad.

11c abrir

En ese orden de ideas, seguido a la Condena a la Nación por caso de 'falso positivo', en esas visitas del Fiscal, aclaro que si el procedimiento especial para los militares continúa como fue aprobado en junio, y si se tramita en el Congreso “la sala especial para miembros de la Fuerza Pública”, la Corte Penal Internacional podría intervenir al Estado colombiano e iniciar una investigación, expuso que la CPI tiene la responsabilidad de asegurar que las autoridades nacionales investiguen y juzguen los crímenes que hacen parte del Estatuto de Roma, que son los crímenes de guerra y de lesa humanidad. En esos casos, se recordó que la CPI interviene cuando los Estados no garantizan que se haga justicia, ya sea porque no está dispuesto o porque no puede hacerlo.

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